CONVENIO DE COLABORACIÓN CON CASTILLA Y LEÓN

INFORME SOBRE EL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Y LAS ASOCIACIONES AEDRA/ACLCARD, ANFAC, ANICAM Y FER

El 30 de Enero de 2002, tuvo lugar en Valladolid la firma de un convenio de colaboración entre la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma de Castilla y León y representantes de la Industria automovilística en España. El objeto principal de dicho convenio es la realización de un estudio que permita conocer la situación en la que se encuentran en estos momentos las industrias de desguace de la Comunidad de Castilla y León para posteriormente consensuar con las asociaciones firmantes del Convenio las medidas de a adoptar para:

• La creación de un red de empresas de tratamiento.
• La reconversión de las industrias de desguace existentes.
• El cumplimiento de la normativa que se apruebe y su seguimiento puntual.

Además el convenio permitirá estudiar las posibilidades de establecer un sistema integrado de gestión de vehículos al final de su vida útil en el territorio de la Comunidad Autónoma.

El Convenio fue firmado por:

• Excma. Sra. Dª. Silvia Clemente Municio
  Consejera de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León
• Sr. D. Luis Valero Artola
  Director General de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (ANFAC)
• Sr. D. José Sanz Navío
  Director Técnico de la Asociación Nacional de Importadores de Automóviles, Camiones, Autobuses y Motocicletas (ANIACAM)
• Sra. Dª. Alicia García Franco
  Secretaria General de la Federación Española de la Recuperación (FER)
• Sr. D. Fernando García Arellano
  Presidente de la Asociación Española de Desguaces y Reciclaje del Automóvil (AEDRA)
• Sr. D. Jesús Fernández Ordóñez
  Presidente de la Asociación Castellano-Leonesa de Centros Autorizados de Recepción y Descontaminación (A.C.L.C.A.R.D.)

El objetivo del Consejo Constituyente de SIGRAUTO es establecer lo antes posible convenios similares con el resto de Comunidades Autónomas para poder así dar cumplimiento a la exigencia de la Directiva 2000/53 de que exista una red de centros autorizados distribuida geográficamente y con capacidad suficiente para tratar los vehículos que llegan al final de su vida útil en España.